Débil infraestructura de saneamiento pone en riesgo las fuentes de agua.
Según los estudios del Laboratorio Nacional de Aguas, en los últimos años el país ha mejorado en cobertura de agua potable. En el 2009, en particular, la cobertura pasó de 83,4% a 87,3%(Mora y Portuguez, 2010), un valor histórico que coloca a Costa Rica en la primera posición en el contexto latinoamericano en este indicador (ICAA, 2010). Sin embargo, en la disposición de aguas residuales se mantienen rezagos sustantivos: solo un 26% de la población está cubierto por alcantarillado sanitario, el 71% posee tanque séptico y un 3% usa otros sistemas (especialmente pozo negro o letrina). De la proporción que cuenta con alcantarillado sanitario, solo un 3,6% está conectado a una planta de tratamiento en operación. La baja cobertura de redes de alcantarillado sanitario, unida al uso de agroquímicos en las áreas de recarga y producción de aguas subterráneas, es un factor de alto riesgo ambiental. Esta situación es crítica en las partes norte y este de la cuenca del río Virilla, donde se encuentran los acuíferos Barva y Colima. El ritmo de aumento de las concentraciones de nitratos en las aguas del acuífero Colima Superior implica que esta fuente se podría perder en quince años; esto compromete el suministro actual y el futuro de aproximadamente un millón de personas (Arias, 2010).
El 96,5% de las aguas residuales urbanas recolectadas por los alcantarillados sanitarios desemboca en los ríos, sin ningún tratamiento (De Albuquerque, 2009). Las cuencas del Tárcoles y el Reventazón, donde se asienta casi el 70% de la población nacional, reciben las aguas residuales sin tratar de las ciudades de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. La carencia de infraestructura sanitaria ha hecho que muchos ríos se ubiquen entre los más contaminados de Centroamérica: el Grande de Tárcoles recibe 3,2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales sin tratar, provenientes de solo una parte de la Gran Área Metropolitana. Todos estos factores generan una seria amenaza de contaminación de los acuíferos y las fuentes de abastecimiento de agua.
Protección marina y conectividad: nuevos horizontes para la conservación
Las acciones de conservación se mantienen como la principal fortaleza de la gestión ambiental costarricense. La consolidación de las áreas silvestres protegidas (ASP) y la canalización de esfuerzos hacia nuevos desafíos, como la conectividad entre ecosistemas y la protección marina, resultan esenciales para asegurar el cuidado efectivo de la biodiversidad.
En 2009 el Sinac experimentó un leve crecimiento, de 1.173 hectáreas, con respecto al 2008. Alcanzó así una cobertura del 26,28% del territorio continental, producto de la creación de dos nuevos refugios nacionales de vida silvestre (Conchal y Hacienda El Viejo). Como se mencionó, el tema de la conectividad entre áreas protegidas ha adquirido una relevancia fundamental para la gestión del patrimonio natural. En 2006 se creó, dentro del marco institucional del Sinac, el Programa Nacional de Corredores Biológicos, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad desde una perspectiva ecosistémica (Sinac, 2008 y 2009). Durante el 2009 este programa publicó los Lineamientos para la oficialización de corredores biológicos en Costa Rica y el Diagnóstico nacional de la gestión en corredores biológicos (Sinac, 2010).
En el año bajo análisis el país contaba con 37 corredores oficializados a lo largo de 1.753.822 hectáreas, lo que representa un 34% de la superficie continental e incluye algunas zonas que son parte de ASP. En estas áreas existen diversas experiencias de gestión compartida o de participación local, con acciones que se constituyen en una de las herramientas más valiosas para colaborar en la conectividad entre las ASP y llenar los vacíos de conservación identificados por el proyecto Grúas II. Se ha observado que aproximadamente 61.000 hectáreas de bosques que deben ser conservados para garantizar la representatividad de diferentes ecosistemas, se encuentran dentro de territorios de corredores biológicos y son de propiedad privada.
Por su parte, el tema de la conservación marina ha ganado prioridad, tal como sugieren la publicación de nueva información14 y la realización de acciones que buscan incrementar la representación de los hábitats marinocosteros dentro del Sinac. Actualmente el área marina protegida es del 17,2% de las aguas interiores y patrimoniales. Sin embargo, si se toma en cuenta la totalidad de la zona económica exclusiva, el área protegida representa el 3,2% de la superficie nacional (terrestre y marina). El Minaet reporta la existencia de veintiún áreas marino-costeras protegidas, de las cuales trece cuentan con planes de manejo y el resto los tienen en proceso de elaboración (E: Artavia, 2010). En el 2009 no aumentó la cobertura en este ámbito, pero fueron relevantes la formalización de dos nuevas categorías de conservación (reserva marina y área marina de manejo), la creación de dos nuevas instancias (la Dirección Marina en el Minaet y el Departamento Marino en el Sinac) y la conformación de la Comisión Nacional para el Corredor Marino del Pacífico Oriental.
Zonas costeras y áreas protegidas son espacios en disputa
La gestión y el resguardo del patrimonio natural enfrentan inéditas expresiones de conflicto producto de la competencia por los recursos, en el contexto de lo que este Informe ha caracterizado como una frontera conflictiva entre la actividad productiva y la protección del ambiente. Esta conflictividad parece mostrarse de manera más intensa que antes en áreas protegidas y zonas patrimoniales, así como en los territories costeros, donde se combinan diversos tipos de estatus legal, y presiones nuevasy diversas por su uso.
Uno de los problemas que durante años se han dejado sin resolver es el hecho de que al menos 12.000 personas viven en ASP; las ocuparon antes de su conformación, no tienen título de propiedad y enfrentan limitaciones de acceso a vivienda de interés social, construcción de pozos de agua potable y servicios básicos de salud. Esto ocurre en las ASP costeras de Baulas, Gandoca-Manzanillo, Barra del Colorado, Golfo Dulce, Tivives y Ostional (CGR, 2009b). Si se analizan algunos casos de conflicto que se presentaron o mantuvieron en el 2009, gran parte de ellos tiene que ver con esta tensión, entre poblaciones o grupos afectados y los requerimientos de la conservación de ecosistemas propiciada por el Estado y los grupos ambientalistas. Están relacionados principalmente con problemas del estatus legal, la tenencia y comercialización de tierras, la ocupación y las presiones por el uso de zonas protegidas o con carácter de bienes demaniales, y la competencia por el uso de los recursos naturales. Estas situaciones se caracterizan por una amplia y activa participación de actores sociales y políticos, más allá del plano local.
Entre los territorios en situación conflictiva, las áreas costeras y la zona marítimo-terrestre (ZMT) representan un patrimonio de alto potencial para el aprovechamiento sostenible del paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas. Sin embargo, su administración y ocupación son fuentes de conflicto y vulnerabilidad. Diversos estudios han señalado como sus principales problemas la ausencia de planificación integral y sostenible del uso del territorio, las dificultades para preservar las áreas de conservación, las ambigüedades institucionales en cuanto a funciones y competencias, y las deficiencias en los procesos, normas y procedimientos para su administración, uso, control y vigilancia (CGR, 2009b).
El desarrollo inmobiliario y turístico, en un marco de escasa regulación territorial, ha tenido implicaciones en la ZMT y en general en las costas. Honey et al. (2010) analizaron el turismo marino- costero de gran escala y los orígenes de la transformación costera desde 1970 hasta el presente, con énfasis en el período del boom de bienes raíces y construcción. El estudio plantea que el turismo residencial está modificando franjas del paisaje y desplazando o compitiendo por recursos con comunidades pesqueras, agrícolas y ganaderas. Según la investigación, esta nueva forma de desarrollo turístico -de gran escala y orientado hacia el mercado de masas- tiene el potencial de entrar en conflicto con la reputación internacional de Costa Rica por su turismo basado en la naturaleza. Desde finales del 2008 el boom inmobiliario ha disminuido por efecto de la crisis económica. Este paréntesis, en un marco de cambio de gobierno, ofrece la oportunidad de evaluar el desarrollo del turismo costero y plantear nuevos caminos (Honey et al., 2010).
Para más información y lectura sobre el XVI Estado de la Nacion revise:
http://estadonacion.or.cr/images/stories/informes/016/Sinopsis-16-2010.pdf
http://estadonacion.or.cr/images/stories/informes/xvipresfinal.pdf
